El GPP logra aprobar la creación de un marco estatal contra la despoblación, ejecutar la planificación eléctrica ideada por Andalucía y que la Ley de Aguas proteja la vida

• El portavoz de Energía del GPP, Juan Diego Requena, denuncia que “Sánchez y María Jesús Montero han diseñado un mapa de España donde Andalucía es la colonia energética y los territorios independentistas son el privilegio industrial”. “Quieren que pongamos el paisaje, los molinos y las placas, y que quienes mantienen a Sánchez en el sillón se queden con las fábricas”, subraya.

• Asegura que “los andaluces tienen que saber que Juanma Moreno hizo una planificación eléctrica para que Andalucía fuese moderna, tecnológica, industrial y desarrollada, y el Gobierno la ha borrado de un plumazo” porque el Ejecutivo “favorece escandalosamente a otros territorios, que reciben una modernización total de su red”.

• Defiende para Andalucía una transición energética que sea un motor de riqueza, “no un certificado de defunción”, y recuerda que en los últimos años se “han hecho los deberes” y que ahora “nos toca la industrialización y el desarrollo, que es lo que la Junta y los andaluces quieren”.

• Sánchez no invierte en los pueblos, elimina un principio básico de nuestra Constitución como es la solidaridad entre territorios, y se “ha cargado de un plumazo el criterio de despoblación y orografía a la hora del reparto de la financiación autonómica”.

• El Gobierno desaprovecha los fondos europeos para la España rural, y ahora hay que devolver millones y millones de euros cuando España precisa de grandes inversiones, sobre todo en el medio rural.

• El PP denuncia su inacción en la lucha contra la despoblación y recuerda la archi-anunciada España a 30 minutos, su observatorio o la estrategia contra la despoblación, anunciadas por el Ejecutivo. Volvemos a encontrarnos en la misma situación; promesas, anuncios, estudios, estrategias y ninguna acción.

• La protección de la vida, la integridad física y la salud de las personas deben ser prioritarias en la planificación y la gestión del agua, por lo que existe la obligación de prevenir riesgos naturales mediante planificación hidrológica, infraestructuras adecuadas y la inversión suficiente y sostenida en infraestructuras hidráulicas, con criterios técnicos.

• La política hidráulica debe sustentarse en tres pilares: la planificación hidrológica para evitar daños y reducir riesgos; la prevención efectiva de los riesgos y las decisiones con criterios técnicos y científicos.

• En España hay 1.300 grandes presas, 375 de titularidad estatal, y cuatro de cada 10 están cerca de poblaciones. El 75% de las 375 de titularidad estatal están sin planes de emergencia implantados, obligatorios desde hace 30 años tras la rotura de la presa de Tous.