El PP denuncia a la Subdelegación del Gobierno por vulneración de derechos de una concejal de Cazorla y exige a Fernández Palomino explicaciones

·      Miguel Contreras explica que la Subdelegación ha denegado a Aránzazu Fernández el permiso para asistencia a pleno sin justificación ni informe que lo argumente

·      La concejala es funcionaria pública y tanto la Constitución como el Estatuto del Trabajador reconoce su derecho a un permiso de trabajo para asistir al pleno

·      Informa que “estudiaremos el caso y presentaremos un recurso ante los Tribunales” dada la gravedad de los hechos

El vicesecretario provincial de Acción Política y Comunicación del PP de Jaén, Miguel Contreras ha denunciado hoy a la Subdelegación del Gobierno de Jaén por “vulneración de derechos” al denegar a la concejal del PP de Cazorla, Aránzazu Fernández el permiso de trabajo para la asistencia a un pleno en el Ayuntamiento cazorleño.

 Contreras ha explicado que al amparo de lo establecido en el artículo 43.J) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la concejal popular solicitó permiso por asistencia a un Pleno en el Ayuntamiento de Cazorla, que se celebró el pasado viernes día 25 de julio “y al que no pudo asistir porque claramente se vulneraron sus derechos”.

Dicho artículo señala que 'los funcionarios públicos tendrán permiso por el tiempo indispensable para cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal y por deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral”. A ello se refirió la concejala al conocer que el viernes 25 tendría pleno en su Ayuntamiento y coincidirle con su jornada laboral como funcionaria de la Administración General del Estado. Permiso que deniega el centro de trabajo por lo que decide acudir a la Subdelegación del Gobierno donde nuevamente se le deniega vulnerando claramente sus derechos.

En opinión del dirigente popular, es claramente una vulneración de derechos de la popular puesto que, si bien es cierto que el permiso puede ser denegado por necesidades del servicio, “debe ser justificado pero la Subdelegación del Gobierno se limita únicamente a denegar el permiso. “Nos preguntamos a qué obedece un incumplimiento tan grave y esperamos una explicación que aclare bien que no hay razones políticas detrás”, ha dicho.

Y es que para denegar el permiso solicitado por Fernández tendrían que haber demostrado y argumentado que la ausencia a su puesto de trabajo afecta gravemente al servicio y que no hay soluciones alternativas. “No pueden justificar la denegación por motivos triviales ni puede ser una decisión arbitraria, debe basarse en criterios objetivos, lo cual no ha ocurrido”. Porque la denegación del permiso se basa, según la resolución, por necesidades del servicio informadas por su centro de trabajo, algo que la Jurisprudencia ya ha reconocido que no es suficiente”.

Por tanto, lo que ha hecho la Subdelegación del Gobierno de Jaén ha sido vulnerar los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y la ley de Aránzazu Fernández y “exigimos una explicación clara al señor Fernández Palomino que no puede poner la administración al servicio de los intereses partidistas del PSOE”, ha aseverado Contreras. Porque con la resolución negativa “el señor Fernández Palomino está impidiendo que una concejal asista al pleno de Cazorla, casualmente, y no pueda cumplir con las obligaciones que le encomendaron los vecinos en las elecciones”. Es decir, “ha impedido que represente a los cazorleños que libremente la votaron en mayo de 2023 sin darle ninguna explicación ni facilitarle ningún informe que lo justifique”.

Por supuesto, ha apostillado informando el dirigente popular que “estudiaremos jurídicamente en profundidad el caso y plantearemos en su caso un recurso en los Tribunales porque lo que no vamos a permitir es que quienes deben garantizar que los representantes públicos cumplan con su labor de representación de los vecinos sean quienes pongan todo tipo de trabas para que una concejal pueda asistir a un pleno”.