El PP de Jaén insta al Gobierno a realizar modificaciones para una jubilación 'digna' de abogados y procuradores mutualistas

• Los populares denuncian una situación injusta que está impidiendo el retiro de profesionales de la abogacía “que ven, tras una larga carrera de cotización, cómo su pensión es inferior incluso a una no contributiva”

•    En muchos casos no tienen tampoco derecho a prestación de viudedad, orfandad o incapacidad

28 de septiembre de 2023

Cambios para una “pensión digna”. El Grupo Popular en la Diputación de Jaén llevará al pleno de este viernes una moción para que la Administración Provincial inste al Gobierno de España a estudiar una serie de modificaciones que garanticen una jubilación 'digna' a los abogados y procuradores mutualistas; exigiendo que 'no se sitúen en un plano de desventaja' frente a quienes están sujetos al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), una situación que está “impidiendo la jubilación de profesionales de la abogacía que ven, tras una larga carrera de cotización, como su pensión es inferior a una pensión no contributiva”. 

Y es que, como recoge la moción, miles de abogados y procuradores llevan tiempo denunciando públicamente el cobro de “pensiones irrisorias y la falta de coberturas del sistema de las mutualidades”. Así lo ha señalado el diputado provincial Raúl Caro-Accino, que ha explicado que aquellos que son mutualistas, estén adscritos o no al Turno de Oficio, 'no tienen derecho a una jubilación digna, lo que les obliga a seguir trabajando sin poder jubilarse cumplida la edad legal para hacerlo'.

“Nuestra provincia no es ajena a esta situación. Ejercen dos mil abogados, hablamos de dos mil familias y se trata en la mayoría de ocasiones de pequeños y medianos despachos que generan empleo y merecen que les prestemos el debido apoyo”, ha recalcado el diputado provincial. 

La tramitación, actualmente, de nuevas reformas agravan su situación. Estos profesionales explican que hasta 1995 no podían darse de alta en el RETA y se les obligaba, como única opción posible para ejercer su actividad, a adherirse a un sistema privado, las mutualidades. Cuando se les permitió adscribirse al sistema público, hacerlo implicaba que todo lo aportado previamente a las mutualidades quedaba atrapado en esa entidad privada. Además, en 2005 se produjo un cambio radical en el sistema de protección social alternativo al RETA, pasando de sistema de capitalización colectiva (solidaridad intergeneracional), al de capitalización individual. La pensión de jubilación de cada mutualista pasaba a depender única y exclusivamente de sus aportaciones, lo que provocó una importante variación en las cuantías de las prestaciones esperables, sin que en muchos casos existiese opción real de cambio. 

En el caso de optar por el RETA, después de una larga carrera de aportación en la Mutualidad, no se permitía el rescate de las aportaciones realizadas como tampoco el tiempo se computaba a efectos del devengo de la prestación de jubilación en el sistema público. Por ello, la opción de abandonar la Mutualidad y optar por el RETA implicaba el comienzo desde cero en la cotización en este régimen, sin tiempo, en muchos casos, para generar derecho a prestación por jubilación, impidiendo la posibilidad de la jubilación en edad ordinaria, “prolongando la actividad profesional más allá de lo razonable y deseable”, ha subrayado Caro-Accino.

Es por ello por lo que estos profesionales solicitan una reforma legal que les posibilite acabar con esta situación de discriminación y garantizar una mínima cobertura social ya que, actualmente, la mutualidad no genera derecho a prestación siquiera por viudez, orfandad o incapacidad. De este modo, el 26 de junio ya se tramitó en el Parlamento de Andalucía una Proposición no de Ley relativa a garantizar la protección social de este colectivo. Abogados y procuradores consideran que no solicitan 'ningún privilegio, sino los derechos básicos que deben reconocerse a todo trabajador' y proponen, por ejemplo, que se establezca la posibilidad, puntual y voluntaria, de que los mutualistas puedan trasladar el dinero que tienen atrapado en las entidades privadas mutuales, tras las cotizaciones de toda una vida, y aportarlo al sistema público para que puedan disponer de una pensión pública mínima en condiciones similares a los cotizantes en RETA, entre otras medidas.