El PP de Jaén registra para el próximo pleno una declaración institucional para mostrar “condena y rechazo” a la campaña de acoso y amenazas contra un menor y su familia por pedir clases en castellano

• Miguel Contreras confía en que sea aprobada por todos los grupos pues “no debe haber fisuras entre partidos políticos a la hora de condenar algo tan grave como es el acoso a un  menor únicamente porque su familia ha pedido lo que estima la ley, recibir el 25% de las clases en castellano”

El Partido Popular de Jaén ha registrado en Diputación la solicitud para que en el próximo pleno se proceda a la lectura de la Declaración institucional contra el acoso a un menor y su familia por querer estudiar en castellano. “Además solicitamos a todas las instituciones que garanticen la seguridad y el interés superior del menos”, ha explicado el portavoz del Grupo Popular en la Diputación provincial, Miguel Contreras.

El Tribunal Supremo (TS) ha avalado en varias ocasiones, “la última el pasado mes de noviembre”, la obligación de los centros educativos catalanes de impartir un 25% del horario escolar en castellano. Este porcentaje fue fijado por los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), tras un recurso presentado por la abogacía del estado en 2015 en nombre del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, al entender que es el “mínimo por debajo del cual no se puede entender que el uso vehicular de la lengua alcanza la condición de normal dentro del sistema”, ha manifestado Contreras.

Unas resoluciones judiciales que no hacen más que aplicar lo establecido por la Constitución y las leyes ya que, como fija la Constitución Española, “el castellano es la lengua española oficial del Estado y todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”.

En base a las leyes y ejerciendo sus derechos como españoles que viven en Cataluña, algunas familias también han reclamado que sus hijos reciban educación en castellano. Una de éstas ha logrado que el TSJC reconozca sus derechos y obligue a la escuela pública de educación infantil y primaria de Canet de Mar a la que acude su hijo de 5 años a cumplir la ley y las resoluciones de los tribunales, es decir, a impartir el 25% del horario lectivo en la lengua oficial de nuestra nación.

Ante esta resolución, diversas familias del centro alentadas por entidades radicales separatistas y por el propio gobierno de la Generalitat que ha considerado como ataque muy grave la sentencia tanto del TSJC como del Supremo ha00n comenzado una campaña de acoso contra el menor y su familia. “Campaña que incluye amenazas, difusión de datos personales de la familia y un señalamiento público y constante de la familia, acompañado del vacío y el señalamiento al menor durante las clases”. Una especie de “apartheid” moderno que va en contra de los más fundamentales derechos humanos y del niño y que “no debe ser consentido por ningún ciudadano ni por ninguna institución pública en una democracia como la española”, ha sentenciado Contreras.

Es por todo lo expuesto que “consideramos muy importante llevar al pleno de la Diputación este manifiesto porque no debe haber fisuras en ningún partido político a la hora de mostrar nuestra condena y rechazo” a la campaña de acoso y amenazas dirigidas contra un menor de 5 años y su familia en Canet de Mar. Igualmente, mostrar apoyo, solidaridad y cercanía con el menor y su familia e instar a todas las instituciones públicas a velar y garantizar la integridad y el interés superior del menor que debe primar y guiar cualquier actuación pública en defensa de sus derechos conforme a la Declaración Internacional de los Derechos de la Infancia.