El PP de Jaén destaca la “revolución normativa” que supone la nueva Ley LISTA que da agilidad, seguridad jurídica y protección medioambiental para el desarrollo urbanístico de la provincia

Desarrollo normativo (26 Jul 2021)

El PP de Jaén destaca la “revolución normativa” que supone la nueva Ley LISTA que da agilidad, seguridad jurídica y protección medioambiental para el desarrollo urbanístico de la provincia
  • El Partido Popular de Jaén ha valorado hoy en rueda de prensa los grandes avances que ha dado el Gobierno andaluz con la aprobación de tres leyes que “eran el santo y seña de esta legislatura”, la ley Lista, la ley de Infancia y Adolescencia, y la ley de reconocimiento de autoridad del profesorado

El Partido Popular de Jaén ha presentado en rueda de prensa las tres leyes que aprobó la pasada semana el Parlamento andaluz, cuya aprobación era de “imperiosa necesidad”, según ha dicho el presidente provincial del PP jiennense, Erik Domínguez. “Tres leyes fundamentales y muy necesarias en Andalucía que el Gobierno de Juanma Moreno ha aprobado en su primera legislatura”, ha señalado. Eran tres objetivos marcados por el Partido Popular, tres leyes que serán “el santo y seña” de esta legislatura porque “sabíamos lo necesario que era aprobarlas y por fin han salido adelante”. Así se ha referido a la Ley LISTA, la Ley de Infancia y Adolescencia, y la Ley de reconocimiento de autoridad del profesorado. 

 

La secretaria general del PP de Jaén, Elena González, ha sido la encargada de presentar la Ley de Infancia y Adolescencia, una normativa que “el Gobierno de Juanma Moreno ha logrado aprobar después de tantos años guardada en un cajón por el Partido Socialista, poniendo en evidencia el ritmo reformista de este gobierno andaluz que vino para cambiar las cosas, para mejorar esta tierra y lo está haciendo”. Así, con esta ley, el PP “cumple nuevamente con su palabra porque dijimos que la sacaríamos adelante y así ha sido”. La Ley de Infancia y Adolescencia se trata de una ley “integral, transversal y actualizada para garantizar la protección de la infancia y la adolescencia”, ha señalado González, para regular sus derechos y deberes, impulsar la participación infantil, crear un sistema de participación e información, e indicadores para medir su bienestar real.

 

Es un texto muy participado y consensuado con 426 aportaciones en el trámite de audiencia pública y 836 enmiendas parlamentarias de las que se han tenido en cuenta más del 50%. Esto demuestra, ha apostillado la dirigente popular, “el diálogo transversal del Gobierno del Cambio para llegar a grandes acuerdos con todas las fuerzas políticas para mejorar la vida de los andaluces”. 

 

Se trata de una ley que garantiza el derecho de los niños, niñas y adolescentes a la información, a la salud, a la educación, a la cultura, al deporte, al desarrollo de la competencia digital, a un espacio urbano seguro y a un medio ambiente saludable. Además, ha informado González sobre su principal novedad y es la declaración de situación de riesgo, “algo que es fundamental para comenzar a actuar con celeridad, con un plan de intervención familiar que será el instrumento para corregir esas situaciones de riesgo y para garantizar el desarrollo del menor en su familia o, de lo contrario, iniciar todos los trámites para la declaración de la situación de desamparo”.

Por último, la secretaria general ha culminado diciendo la Ley de Infancia y Adolescencia protegerá a los menores andaluces de las nuevas situaciones de vulnerabilidad, como el ciberacoso, tras 23 años de vigencia de la ley anterior que databa de 1998, y “mejorará el sistema andaluz de guarda y tutela y acortará los tiempos de respuesta”.

 

LEY DE RECONOMIENTO DE AUTORIDAD DEL PROFESORADO

 

El presidente del Consejo de Gobiernos Locales del PP de Jaén y alcalde de Alcalá la Real ha sido el encargado de presentar las novedades de la Ley de Reconocimiento de Autoridad del profesorado. “Hasta que asumí la alcaldía en 2019 he sido docente en Secundaria y sé lo necesaria que era esta ley para la comunidad educativa y específicamente para el profesora-do dado el incremento tan considerable de agresiones en la última década”. En el curso 2018-2019, curso previo a la COVID, se registraron 34.000 conductas perjudiciales a la convivencia, “una cifra que evidencia lo importante que era aprobar este texto normativo”. 

Un texto legislativo que “lleva el sello del Partido Popular, fruto del compromiso, el esfuerzo y el trabajo realizado durante todos estos años por nuestra formación política”, ha señalado Aguilera. Con esta ley ha explicado Aguilera que se reconoce el trabajo y el esfuerzo del profesorado y “dignifica su labor”. Se dota de herramientas jurídicas para que pueda desarrollar su labor en un clima de orden y respeto; se da el apoyo necesario desde la administración educativa al profesorado en el ejercicio de sus funciones docentes y directiva; y se da respuesta a una reivindicación histórica del profesorado, “abanderada desde siempre por el Partido Popular, que ya presentó esta Ley estando en la oposición”, ha recordado.

 

 En definitiva, gracias a la Ley de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado, los informes y declaraciones de los docentes, en el ejercicio de sus funciones, gozarán de presunción de veracidad y tendrán valor probatorio. Se incluye específicamente esta presunción de veracidad en el caso de las evaluaciones. Además, se beneficiará de asistencia jurídica y psicológica. “En definitiva, se reconoce y dignifica su labor profesional”, ha apostillado el dirigente popular. 

  

Cabe especificar que el reconocimiento de autoridad incluye a todos los docentes andaluces, independientemente del tipo de centro en el que trabajen (público, concertado o privado). La asistencia jurídica incluye al profesorado de los centros de titularidad pública mientras que la asistencia psicológica se amplía también al de los centros concertados. Igualmente, el personal de administración y servicios (PAS) de los centros públicos y concertados, que, sin el reconocimiento expreso de autoridad, gozará, en el ejercicio de sus funciones, de medidas de protección similares a las del profesorado.

  

Ley de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA)

 

Luis Mariano Camacho, coordinador general del PP de Jaén y alcalde de Bailén ha sido el primero en hacer una valoración de la importancia que tiene para esta provincia la ley LISTA puesto que “he sufrido personalmente la maraña burocrática que suponía la LOUA que era tan tediosa que sufrió muchas modificaciones normativas que afectaban directamente a los Planes de Ordenación Urbana”. Así ha explicado que el PGOU de Bailén se vio afectado por dos modificaciones normativas y “finalmente caducó después de gastar una ingente cantidad de dinero y el tiempo de técnicos y funcionarios, cientos de trámites que tuvieron que hacerse de nuevo, ver de quien era la responsabilidad de pagarlos”, ha explicado Camacho. Y es que hasta ahora, un promotor que quisiera desarrollar un proyecto tenía que pasar por 235 textos legales, sin contar, como decía el coordinador general, con los PGOU que muchos ayuntamientos no han visto salir a la luz precisamente “por culpa de la maraña normativa de los socialistas”. La normativa de los socialistas suponía “un frenazo al desarrollo no solo urbanístico sino económico de Andalucía y este ha sido el lastre de Andalucía durante los 37 años de gobiernos del PSOE”. 

 

El vicesecretario de Desarrollo Industrial y alcalde de Guarromán, Alberto Rubio ha sido el encargado de explicar cómo beneficiará la Ley LISTA para la aprobación de los PGOU que ahora se podrán sacar adelante en tan solo dos años, “frente a los 8-10 años que se tardaba antes, lo que suponía que en el momento de su aprobación ya no se daba respuesta a las necesidades actuales si no a las de hace una década”. Además, se adapta la normativa a los municipios de menos de 10.000 habitantes que no sean litorales y no formen parte de aglomeraciones urbanas, con la figura del Plan Básico de Ordenación Municipal, “que les permitirá hacer una tramitación mucho más sencilla y que sin duda sentará las bases para simplificar las leyes para los pueblos que se ven desbordados en la mayoría de los casos por los trámites burocráticos que deben afrontar sin apenas funcionarios”. 

  

El objetivo de la ley, que nace desde el amplio consenso social que existía para revisar el urbanismo y la ordenación del territorio en Andalucía, es garantizar que todas las actuaciones urbanísticas sean viables social, ambiental y económicamente. La nueva ley facilitará que haya menos conflictividad judicial y evitará los numerosos planes generales anulados por motivos formales o de fondo. Además, lo hace siguiendo las pautas marcadas por Europa, por lo que ahora urbanismo y ordenación del territorio se incluirán en la misma ley e irán de la mano de forma irrenunciable con la protección del entorno natural, las acciones contra el Cambio Climático y con la Agenda Urbana 2030.

 

De hecho, Alberto Rubio ha explicado que lo ocurrido con el PGOU de Jaén que están en los Tribunales no sucederá con esta nueva ley urbanística ya que se paralizará solo la parte del Plan que contiene la incidencia, pero podrá seguir en vigor el resto. “Esto dará mayor seguridad jurídica y atraerá mayores inversiones”. Por tanto, ha culminado diciendo que la Ley LISTA será “un revulsivo para la recuperación económica, puesto que creará empleo gracias a la agilización de los trámites y el alivio de cargas innecesarias a particulares y a empresas, y lo hace sin desregularizar el sector, sino que establece reglas claras y sencillas, adaptadas a la realidad actual, fáciles de entender y aplicar”.

 




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