Alcaldes jiennenses del PP de Jaén apoyan en Madrid el manifiesto para exigirle a Sánchez recursos suficientes para que los ayuntamientos reciban recursos suficientes para hacer frente a los gastos de la COVID

• Luis Mariano Camacho y Alberto Rubio se han concretado a las puertas del Congreso junto a los más de 200 alcaldes para exigir “ni más ni menos que lo que se merecen nuestros vecinos y que Sánchez nos viene negando desde el inicio de la pandemia”

Los alcaldes de Bailén y Guarromán, Luis Mariano Camacho y Alberto Rubio han estado hoy en Madrid junto a los más de 200 alcaldes, portavoces municipales y presidentes de Diputación del PP que se han concretado a las puertas del Congreso de los Diputados y posteriormente en el Ministerio de Hacienda, junto al presidente del PP, Pablo Casado para exigir “lo que se nos ha negado sin motivo durante mucho tiempo: los recursos que necesitamos los ayuntamientos para hacer frente al impacto del Covid-19”. Recursos, ha dicho Camacho, “que se merecen nuestros vecinos y vecinas y que el Gobierno de Pedro Sánchez les lleva negando sistemáticamente desde el comienzo de la pandemia”.

Sánchez ha tratado siempre esta pandemia como una oportunidad personal y no como una emergencia nacional. “Y su maltrato a los ayuntamientos no es una excepción” porque a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos, los ayuntamientos de España están haciendo frente a la crisis socioeconómica generada por la Covid en solitario, “abandonados y castigados, según su conveniencia, por el Gobierno de la nación más anti municipalista de la historia”. Y es que los dirigentes populares presentes hoy en las puertas del Congreso han denunciado que “a pesar de las enormes dificultades que estamos atravesando, no hemos recibido un solo euro del Gobierno central”.

Para Camacho, es “más que evidente que los gobiernos municipales estamos en primera línea de incidencia de la pandemia y son nuestros municipios y sus habitantes los que afrontan”, tanto el daño terrible de la enfermedad en los pacientes y sus familias, como las duras repercusiones de la enfermedad en el tejido social, la actividad económica y la prestación de servicios públicos esenciales como el transporte, la seguridad pública o la asistencia social, muchas veces asumiendo competencias impropias.

Por su parte, Alberto Rubio ha incidido en que son las entidades locales la administración más cercana a la ciudadanía, la primera puerta donde nuestros vecinos acuden legítimamente para plantear sus necesidades y buscar ayuda y soluciones. “Lo asumimos como un deber y nos alegra que se nos vea así, como la Administración cercana dispuesta a ayudar en los momentos difíciles”. Lamentablemente, tal y como rezaba el manifiesto leído a las puertas del Congreso, el Gobierno de Sánchez quiere convertir a los ayuntamientos en gestores mudos y obedientes de las medidas unilaterales y equivocadas adoptadas por él, cuando lo que se necesita en estas circunstancias excepcionales es coordinación, empatía y lealtad entre instituciones. Las competencias no existen para dignificar a quien las ejerce, están para dignificar la vida de los ciudadanos.

Ejemplo de esto es la gestión del Ingreso Mínimo Vital fracasa, porque no hacen caso, y llega tarde y a muchas menos personas de las que debería, y son los ayuntamientos los que ofrecen la indispensable cobertura social duplicando los recursos propios que destinan a ayudas de urgente necesidad para facilitar algo tan básico como la alimentación o la vivienda. “Los ayuntamientos hemos sido una auténtica red de seguridad frente a la inacción del Gobierno”, ha apostillado el regidor.

El alcalde de Bailén ha señalado también que los ayuntamientos necesitan urgentemente recursos estatales y europeos para poder continuar prestando a los vecinos los servicios y medidas anti COVID que necesitan y para poder colaborar en la imprescindible reactivación de la economía. “Para ello debemos disponer de recursos suficientes y pronto, que nos permitan seguir dando respuestas eficientes a los problemas que ha generado el coronavirus y, muy especialmente, la financiación de las necesarias medidas de recuperación”.

Para ello el Partido Popular exige la habilitación de un sistema de ayudas para todos los ayuntamientos, que permita hacer frente a las dificultades económicas ocasionadas por la crisis del coronavirus, con especial referencia a un fondo incondicionado de 4.000 millones y a otro de 1.000 millones destinado específicamente al transporte público. También es necesaria la participación de las entidades locales en los fondos europeos de recuperación en porcentaje mínimo del 14,16%, que es el equivalente al gasto local en España respecto del gasto público total en el país. Así se recogió el 22 de mayo de 2020 en el documento “Pilares locales para la reactivación económica y social de la Administración local” y, a pesar de ello, el Gobierno de Sánchez sólo contempla una participación absolutamente insuficiente del 4,2%. “La pandemia no puede ser para el Gobierno de Sánchez una oportunidad de alterar los equilibrios territoriales e institucionales, ni una fuente de financiación extra a costa de los ayuntamientos porque el dinero no es del Gobierno, es de los españoles, hay que sacarlo de los despachos de Moncloa y hacerlo llegar a pie de calle”, ha apostillado Rubio.

Proposición no de ley

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una Proposición no de Ley en el Congreso, para su debate en Pleno y en Comisión, en la que insta al Gobierno de Sánchez a la devolución del IVA pendiente a las ciudades españolas con tributos cedidos, estimado en 752 millones, una vez conocido el fallo del Tribunal Supremo que da la razón a la Junta de Castilla y León respecto a las liquidaciones de dicho impuesto.

La exposición de motivos de la iniciativa responsabiliza al Gobierno de Sánchez de dicha deuda con los entes locales, al negarse a corregir a tiempo el problema, como proponía el PP, y liquidar el IVA total de 2017. Es más, la Proposición recoge que la ministra de Hacienda dijo que no devolvería nada. En principio, la iniciativa explica que en el sistema para el Suministro Inmediato de Información (SII), implantado en el año 2017, se detectó un problema derivado del cambio en el cómputo del IVA de dicho ejercicio que afecta no sólo a las CC.AA., sino también a los municipios que son capitales de provincia o de Comunidad Autónoma, o aquellos que tienen más de 75.000 habitantes, puesto que éstos también participan de la cesión -entre un 1% y un 3%- de algunas figuras tributarias entre las que se encuentra el IVA (además de IRPF y de los impuestos especiales sobre alcoholes, hidrocarburos y labores del tabaco).

En un informe mensual de recaudación de la AEAT, correspondiente al mes de diciembre de 2017, se cuantifica el efecto detectado en 4.150 millones de euros; de los cuales, se calcula que 752 millones de euros corresponden a las Entidades Locales. Cabe recordar que el GPP registró en octubre de 2018 una Proposición de Ley para corregir el efecto de la implantación del Sistema de Información Inmediata (SII) en la gestión del IVA. Una Proposición de Ley que fue debatida y aprobada su toma en consideración por amplia mayoría (Sí: 171 No: 89 Abstenciones: 81) en diciembre de ese año, aunque no llegó a tramitarse por la finalización abrupta de la legislatura.

Ante las continuas peticiones tanto desde el Grupo Parlamentario Popular, como de las CC.AA. y los municipios con tributos cedidos, incluyendo algunos gobernados por el PSOE, la sorprendente respuesta de la ministra de Hacienda fue declarar que no iba a devolver nada porque “ese dinero ya no existe”, culpando a los partidos que tumbaron los fallidos presupuestos de 2019 de impedir un ajuste que realmente no requería la aprobación de esos presupuestos, tal y como ponía de relieve la solución jurídica aportada por el Partido Popular en la Proposición de ley antes señalada. Desde entonces, desde el PP se ha exigido al Gobierno en repetidas ocasiones que adoptase las medidas necesarias para devolver ese importe, que afecta tanto a las CC.AA. como a los entes locales. La última fue en una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno directamente vetó, por lo que no hubo ni siquiera posibilidad de debatirla y votarla.