El PP logra el compromiso de la Diputación para exigir a Sánchez un fondo especial para que los ayuntamientos gestionen el IMV

• Asimismo, gracias a la moción del Partido Popular, el ente provincial instará al gobierno de España la aplicación del principio de excepcionalidad de recuperación de costes por las obras de la ETAP de El Condado

30 de junio de 2020

El Grupo Popular en la Diputación provincial de Jaén ha logrado hoy el compromiso de la unanimidad del pleno para dos cuestiones muy importantes para la provincia de Jaén. Por un lado, el PP ha sacado adelante la moción para que desde Diputación se exija al gobierno de Sánchez a proporcionar información detallada a las entidades locales y a las comunidades autónomas sobre el Ingreso Mínimo Vital y a garantizar que las administraciones que lo tengan que gestionar cuenten con recursos suficientes.

Contreras ha lamentado que por ahora el gobierno PSOE-Podemos, “haya aprobado precipitadamente un decreto y un borrador de convenio sin tener en cuenta ni a las comunidades autónomas ni a los ayuntamientos que no recoge ningún fondo extraordinario que ayude a los municipios a gestionar el IMV”. “No está en el ánimo de Sánchez ayudar a los ayuntamientos”, ha apostillado.

Por eso, gracias a la moción del Partido Popular, “esta administración deberá velar por los derechos de los jiennenses exigiendo que el gobierno de Sánchez cree un nuevo fondo que permita a aquellas entidades locales que asuman la gestión de esta nueva prestación, a través de convenios con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, atender dicha gestión de manera adecuada y sin poner en riesgo la tramitación de las ayudas sociales ya existentes en las mismas”. Y es que, a juicio del Partido Popular, “sin esos fondos adicionales será inviable para las entidades locales gestionar esta nueva prestación estatal y, por tanto, no será factible la firma de estos convenios de colaboración”.

Para el portavoz popular, “la improvisación del gobierno de España ha hecho que las entidades locales tengan que hacer un esfuerzo sobrehumano y ya venían asistiendo y ayudando a los vecinos y familias más vulnerables de sus municipios, reforzando durante la pandemia las áreas de servicios sociales y aumentado las partidas presupuestarias destinadas a estos servicios y a las ayudas gestionadas por los mismos para atender al creciente número de españoles que han pasado a estar en riesgo de exclusión social como consecuencia de la pandemia”.

POR LA REDUCCIÓN DE COSTES EN EL ABASTECIMIENTODE AGUA EN LA ZONA DEL CONDADO  

Del mismo modo, el pleno de la Diputación ha aprobado por unanimidad la moción por la que se exigirá al señor Sánchez el principio de excepcionalidad de recuperación de costes por las obras de la ETAP de El Condado. El diputado popular, Nicolás Grimaldos ha recordado que estas obras tienen un claro sello del Partido Popular ya que fue el gobierno de Mariano Rajoy el que se preocupó por mejorar el abastecimiento de agua en esta zona de la provincia de Jaén. “Ahora le toca al señor Sánchez culminar esta obra y lo que no puede hacer es cargar el coste a los regantes”, ha denunciado.

Por eso con esta moción se instará al gobierno central a aplicar la excepción prevista en el artículo 39 de las disposiciones normativas del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, aprobado por Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro a las obras de mejora de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) y la renovación del resto de la red de abastecimiento en alta de la comarca jiennense de El Condado.

Los municipios que se abastecen de El Dañador son Santisteban del Puerto, Arquillos, Navas de San Juan, Castellar, Montizón, Chiclana de Segura y Sorihuela del Guadalimar, y están integrados en un ámbito de gestión cuyas infraestructuras, en alta, son muy costosas y a distribuir en un ámbito de población muy reducido, “y son ellos los que están soportando exclusivamente todos los costes de explotación y amortización mediante el Canon de Regulación Específico”, ha explicado Grimaldos.