El PP solicitará la creación de un nuevo fondo para que las entidades locales gestionen el IMV

Pleno Diputación (29 Jun 2020)

  • Miguel Contreras confía en que la moción salga adelante porque “el momento de remar todos en la misma dirección por el interés general y no partidistas” si bien considera que el gobierno de España es el primero que tendría que haber consensuado esta medida con las comunidades autónomas y las entidades locales
  • Otra moción pretende que desde la Diputación se exija al gobierno de Sánchez a aplicar el principio de excepcionalidad de recuperación de costes por las obras de la ETAP de El Condado
  • “Está totalmente injustificado que sean los municipios integrados en este ámbito de gestión, cuyas infraestructuras en alta son muy costosas, los que están soportando exclusivamente todos los costes de explotación y amortización mediante el Canon de Regulación Específico”

 29 de junio de 2020

El Grupo Popular en la Diputación provincial de Jaén va a presentar una moción en el próximo pleno para instar al Gobierno de España a proporcionar información detallada a las entidades locales y a las comunidades autónomas sobre el Ingreso Mínimo Vital y a garantizar que las administraciones que lo tengan que gestionar cuenten con recursos suficientes. Según ha explicado el portavoz del PP en la Diputación, Miguel Contreras, “solicitaremos la creación de un nuevo fondo que permita a aquellas entidades locales que asuman la gestión de esta nueva prestación, a través de convenios con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, atender dicha gestión de manera adecuada y sin poner en riesgo la tramitación de las ayudas sociales ya existentes en las mismas”. Y es que, a juicio del Partido Popular, “sin esos fondos adicionales será inviable para las entidades locales gestionar esta nueva prestación estatal y, por tanto, no será factible la firma de estos convenios de colaboración”.

Asimismo, ha continuado Contreras, desde el Grupo Popular se instará con esta moción a que se envíe, de forma urgente y antes de que esta prestación entre en vigor, a todas las entidades locales el borrador del texto de convenio que tendrían que firmar para gestionar el Ingreso Mínimo Vital para que puedan analizar con sus servicios técnicos las implicaciones económicas, jurídicas y de gestión que se derivan de dicho convenio y valorar adecuadamente si la entidad local puede asumir esa gestión o la misma permanece en el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Y es que “no se le escapa a nadie que las entidades locales han hecho un esfuerzo sobrehumano y ya venían asistiendo y ayudando a los vecinos y familias más vulnerables de sus municipios, reforzando durante la pandemia las áreas de servicios sociales y aumentado las partidas presupuestarias destinadas a estos servicios y a las ayudas gestionadas por los mismos para atender al creciente número de españoles que han pasado a estar en riesgo de exclusión social como consecuencia de la pandemia”.

En palabras del portavoz popular, “esperamos y deseamos que el pleno de forma unánime apruebe esta moción pues consideramos que es el momento de remar todos en la misma dirección”. La pandemia provocada por el COVID-19 ha generado una crisis sanitaria, social y económica de terribles consecuencias, con más de 27.000 españoles fallecidos, más de tres millones de españoles afectados por los ERTES, cuatro millones de parados y millones de personas que necesitan ayuda para poder comer. “No es momento de hacer política de confrontación y la Diputación, en su función de gestora de los intereses de los ciudadanos, debe exigir al gobierno de España, sea quien sea el partido que gobierne, que facilite todos los mecanismos para una mejor gestión de las ayudas, sin buscar la confrontación ni los intereses partidistas”, ha explicado.

Tristemente, ha continuado Contreras, la pérdida de vidas humanas es ya irreparable pero las administraciones públicas, cada una en nuestro ámbito competencial, “debemos trabajar para evitar que los millones de afectados por ERTES no pierdan su trabajo, los parados tengan oportunidades de encontrar un empleo y para apoyar a aquellos españoles que están en riesgo de exclusión y cubrir sus necesidades básicas”. Una lección que tendría que haberse aplicado en primer lugar el gobierno de Sánchez que no ha consensuado esta medida con las comunidades autónomas -donde ya existía un ingreso con los mismos objetivos- ni con las entidades locales ni ha contado con la opinión de estas administraciones durante el proceso de elaboración de la norma que regula el Ingreso Mínimo Vital. “Esto puede dar lugar a duplicidades e ineficiencias en la gestión además de generar incertidumbre e inseguridad jurídica”, ha aseverado el dirigente popular.

POR LA REDUCCIÓN DE COSTES EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA ZONA DEL CONDADO  

Tal y como anunció el Partido Popular de Jaén, también se presentará en la Diputación provincial una moción para exigir al Gobierno de Sánchez el principio de excepcionalidad de recuperación de costes por las obras de la ETAP de El Condado. En concreto, se pretende que desde la Diputación provincial se inste al gobierno central a aplicar la excepción prevista en el artículo 39 de las disposiciones normativas del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, aprobado por Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro a las obras de mejora de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) y la renovación del resto de la red de abastecimiento en alta de la comarca jiennense de El Condado.

Los municipios que se abastecen de El Dañador son Santisteban del Puerto, Arquillos, Navas de San Juan, Castellar, Montizón, Chiclana de Segura y Sorihuela del Guadalimar, y están integrados en un ámbito de gestión cuyas infraestructuras, en alta, son muy costosas y a distribuir en un ámbito de población muy reducido, “y son ellos los que están soportando exclusivamente todos los costes de explotación y amortización mediante el Canon de Regulación Específico”, ha explicado Contreras. Ante esta situación, “injusta e injustificada”, desde el PP pedimos que se haga uso de la excepción que contempla el artículo 39 del Plan Hidrológico de la Demarcación del Guadalquivir, con relación al principio de recuperación de costes. “No es justo que los vecinos de estos municipios, además de haber tenido que esperar durante tanto tiempo estas obras por culpa de la inestabilidad política que sufrimos desde el año 2018, encima tengan ellos que pagarlas de su bolsillo en sus recibos del agua”.




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